Política pública que promoveré como comisionada residente.

Los pilares de Nuestra Causa

Voy a Washington, DC a abogar por la descolonización de Puerto Rico y no para adelantar una alternativa en particular. Eso es lo que han hecho quienes me han antecedido desde la comisaría por los últimos 20 años, sin éxito alguno. Mi tarea será que se entienda la urgencia de acabar con la colonia, de deshacernos de la Junta de Supervisión Fiscal, de tener un gobierno democrático y de negociar con Estados Unidos alternativas dignas de descolonización, con planes de transición que reconozcan la deuda histórica que tiene Estados Unidos con el pueblo de Puerto Rico por 126 años de coloniaje. Por eso, proponemos un proceso que garantice la participación equitativa de opciones descolonizadoras, entiéndase: estadidad, independencia y libre asociación.

Voy a Washington, DC para promover política pública para un desarrollo económico y social que priorice el bienestar de las personas y que esté en permanente diálogo con comunidades, organizaciones sociales, así como con los sectores de investigación, desarrollo e innovación para inyectar dinamismo a la economía. En el caso de la deuda pública voy a abogar por preservar los servicios esenciales y las garantías sociales, anteponiéndolas a cualquier pago, en los procesos de renegociación de la deuda. Seguiré insistiendo en la cancelación de la deuda ilegal, ilegítima e insostenible y reforzar los esfuerzos de auditoría forense de la misma y fijación de responsabilidades, donde correspondan, a quienes nos endeudaron. Reitero mi rechazo a la Junta de Control Fiscal y sus políticas de austeridad, que atentan contra nuestras necesidades sociales y de recuperación económica.

Voy a Washington, DC para exigir todas las vertientes de los derechos: los derechos políticos, sociales, económicos, ambientales y derechos individuales. Eso incluye el tema del estatus, como una vulneración de los derechos políticos de los puertorriqueños y puertorriqueñas, y, por lo tanto, la necesidad de la descolonización. Creo que la mayoría de los derechos deben reconocerse irrespectivamente que Puerto Rico sea estado, sea independiente o en una libre asociación, siempre que prevalezca en una consulta al pueblo. Además, abogaré por la salida de la Junta de Control Fiscal como violación de derechos y principios democráticos básicos. La preservación de los servicios esenciales y las garantías sociales, anteponiéndolas a cualquier pago, en los procesos de renegociación de la deuda.

 

Voy a Washington, DC para exigir y garantizar criterios sumamente rigurosos para:

  • Optimizar uso de fondos;
  • Asegurar que nadie convierta esos fondos en una tómbola de premios y corrupción;
  • Que los trabajos a realizar respondan a las prioridades y a las necesidades reales de la gente, al bien común y no a proyectos de vanidad o a intereses particulares;
  • Que las licitaciones de proyectos sean abiertas, transparentes y públicas;
  • Que se privilegien empresas, trabajadores y trabajadoras locales elegibles en lo máximo posible para que comience a dinamizarse la economía de inmediato; y
  • Que haya una supervisión meticulosa de todos los trabajos a realizar. Exigir al Congreso de los Estados Unidos, como corresponsable de la crisis actual, el desembolso ágil y uso efectivo de los fondos federales asignados a la reconstrucción.

Voy a Washington, DC para ser la voz que represente a Puerto Rico en el Congreso uniéndome a las voces en el Congreso que impulsan la justicia y los derechos humanos. Igualmente, la población puertorriqueña de la diáspora debe formar parte de estos procesos políticos y del desarrollo de país e incorporarse a la discusión y elaboración de propuestas sobre la descolonización y otros temas de Puerto Rico. Como Comisionada Residente llevaré a Estados Unidos una agenda de país que beneficie a nuestra niñez, particularmente a la más empobrecida, a la juventud, a las personas adultas mayores, a las personas en todas sus diversidades, a las familias, a nuestra clase trabajadora, y a los grupos de interés que tienen compromiso en lograr un desarrollo económico sostenible y justo para Puerto Rico y el poder de sentir en común, trabajar en común y contribuir, desde el bien común con la creación de un Puerto Rico más equitativo.